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¿Convertir guardias de seguridad en agentes de autoridad implicaría mayor protección?

¿Qué es un agente de autoridad?

Agente de autoridad es una figura jurídica que se da en España y se refiere a cualquier tipo de funcionario público que ejecuta decisiones y autorizaciones en el ámbito de sus funciones. Los agentes de la ley más famosos son los que trabajan en las fuerzas de seguridad nacional. Sin embargo, también lo hacen otros funcionarios como el poder judicial, los notarios o los registradores.

¿Cuáles son los beneficios de ser un agente de autoridad?

Si un agente de la autoridad formula una denuncia de algún tipo en el ejercicio de sus funciones, tendrá presunción de veracidad y solo será revocada si hubiere prueba en contrario.

El último punto se ha convertido en la rutina diaria del personal de seguridad, en caso de ataque personal habrá mayor protección legal.

guardias de seguridad y agentes de autoridad ¿Se le considera un agente autorizado bajo alguna circunstancia?

Ateniéndose la Ley de Seguridad Privada, el artículo 31 dice: “Se considerará infracción de un guardia de seguridad privada debidamente identificado, la agresión y desobediencia a los agentes del orden, cuando realice actividades de seguridad privada bajo la colaboración y dirección del personal de seguridad”.

Podemos entender en este artículo como que los guardias de seguridad son considerados agentes de poder solo bajo el mando de la fuerza policial. En este caso, si una persona comete un acto ilegal, agresión o desobediencia contra un guardia de seguridad en el ámbito de su trabajo, estará sujeta a la misma sanción que un policía actuando como agente de la autoridad. No obstante, los guardias no suelen operar bajo el mando policial, por lo que las consecuencias del ataque son irrisorias.

Si son considerados agentes de autoridad, ¿qué puede cambiar?

Debemos enfatizar que los guardias de seguridad ya son vistos como agentes autorizados. Pero a raíz de la Ley de Seguridad Privada de 1992, todo cambió, haciendo que perdieran ese reconocimiento.

Si vuelven a ser vistos como agentes de autoridad, se abriría la posibilidad de una mayor protección y se reduciría la precariedad laboral que afecta a la industria desde hace años.

Por ejemplo, su agresión continua ya no se considerará un «delito menor», con una sentencia leve por agresión, sino una posible sentencia de uno a cuatro años de prisión.

Además, su situación laboral cambiará a medida que se encuentren bajo un marco legal más favorable. Cuando se endurece, ayuda al vigilante de seguridad a realizar su trabajo de manera más segura.

 

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